Peronistas honorables
Por Horacio E. Poggi
Suele ocurrir que cuando estalla un escándalo de corrupción administrativa estatal –cualquiera sea la pertenencia partidaria de los implicados-, regresan a la conversación pública modelos éticos de dirigentes políticos que forjaron la Patria y la democracia argentina. Se impone, regularmente, la referencia a Arturo Illia o a Raúl Alfonsín, ambos expresidentes de la Nación y personalidades prominentes de la Unión Cívica Radical, que, al igual que los fundadores de ese partido, Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, jerarquizan el cuadro de honor de próceres democráticos. Lo mismo podemos decir de Bartolomé Mitre, quien bajó de la presidencia sin casa propia, o de Domingo Faustino Sarmiento, que hizo de la austeridad republicana un estilo de vida, como el autonomista Mariano Acosta y el católico José Manuel Estrada.
Sin embargo, las luces se posan sobre los peronistas, blanco predilecto de la restauración moralista discriminadora. De vez en vez, solemos oír: “es un oxímoron ser peronista y honesto”. Por lo visto, han calado hondo las fake news oligárquicas que ingenuos -e interesados- repiten cual verdad revelada. Recordemos las atrocidades acusatorias jamás comprobadas contra Evita Perón, o contra Isabel Perón, a quien llevaron a los tribunales y acusaron de delincuente por haber pagado 250 gramos de jamón crudo con fondos reservados…
Indica Arturo Frondizi: *“No ha habido hazaña –militar, política, económica, cultural- de trascendencia para el afianzamiento de nuestra nacionalidad y el acrecentamiento de su patrimonio espiritual y material, que no haya sido objeto de las más irresponsables campañas de difamación tendientes a invalidarlas, menoscabarlas o postergarlas”.*Así, la corrupción administrativa estatal ha sido el pretexto de campañas difamatorias contra líderes populares, y otrora ha servido de aliciente para empujar al faccionalismo castrense hacia la ruptura de la legalidad. Esta anomalía institucional quedó superada en 1983, pero la crisis global de representación devalúa a los partidos y deja abierta la puerta a cualquier aventura extremista.
Observamos que la antipolítica del extremismo golpista de ayer se ha transliterado a la campaña antipolítica libertaria actual. ¿Queremos ocultar casos contemporáneos de corrupción administrativa estatal acudiendo al pasado? Para nada. Solo tratamos de refutar a los enemigos de la democracia. Porque la antipolítica –cualquiera sea su procedencia ideológica- siempre es antidemocracia. De ahí que, ante la generalización oportunista y electoral, conviene la aclaración: todos –absolutamente- no somos lo mismo.
Contrariando a los militantes de la calumnia antipolítica, la lista de funcionarios, diplomáticos y legisladores honorables del Justicialismo es extensa y variopinta, por cierto. A continuación, mencionaremos algunas personalidades emblemáticas y olvidadas, de diferentes corrientes justicialistas, que dieron testimonio de honestidad probada: Ricardo Guardo, Benito Llambí, Ítalo A. Luder, Ángel F. Robledo, Raúl Matera, Susana Valle, Anita Macri, José M. Castiñeira de Dios, Mario Cámpora, Ernesto Fatigatti, Juan Bramuglia, Miguel Iñiguez, Luis Macaya, Deolindo F. Bittel, Oscar Bidegain, Delia Parodi, José M. Rosa, Manuel Urriza, Antonio Cafiero, Antonio Benítez, Alfredo Gómez Morales, Arturo Jauretche, Domingo Mercante, John W. Cooke, Ángel Miel Asquía, Lilian Lagomarsino, Miguel Ragone, Jorge Cepernic, Carlos Reutemann, José F. Figuerola, Eloy Camus, Oscar Ivanissevich, Jesús H. Paz, Jorge Taiana, Jerónimo Remorino, Mario Cámpora, Oraldo Britos, Rosaura Isla, Guido Di Tella, Ramón Carrillo, José A. Deheza, José M. Díaz Bancalari, Lázaro Rocca, Alberto Balestrini, Manuel Quindimil, Ricardo Obregón Cano, Inés Botella, Federico Russo, Manuel de Anchorena, Irma Roy, Julio Troxler, Andrés Bevilacqua, Leopoldo Marechal, Alberto Martínez Baca, Adam Pedrini, Oscar Sánchez, Juana Larrauri, Héctor J. Cámpora, Arturo Sampay, Jesús Blanco, Jorge Obeid, Elena Fernícola, Miguel Unamuno, Sara Derotier de Cobacho, José Manuel de la Sota, Nélida de Miguel, Roberto Romero, Julián Licastro.
Sin lugar a dudas, la lista precedente es incompleta y las omisiones han sido involuntarias. Vale destacar, por otra parte, que los dirigentes mencionados atravesaron distintas circunstancias y muchos pagaron con cárcel, exilio y proscripción su militancia peronista. Pero ninguno fue condenado en democracia por enriquecimiento ilícito.
También numerosos sindicalistas peronistas padecieron infames campañas de descrédito. Por razones de espacio, nos remitimos a cuatro casos paradigmáticos. Élida Curioni, viuda de Augusto T. Vandor, para mantener a su familia, luego del asesinato de su marido, siguió trabajando en el sanatorio del gremio metalúrgico. María Luisa Pinelas, viuda de José Alonso, vivió de su pensión, igual que Nélida Blanca Vaglio, viuda de José I. Rucci. Por su parte, Ana María Pérez, viuda de Oscar Smith, terminó sus días en una casita de Villa Fiorito recibiendo módicos ingresos de una agrupación de afiliados de Luz y Fuerza.
En síntesis, el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional debe respetarse a rajatabla por la vigencia plena de la democracia y la defensa del honor de hombres y mujeres que cumplieron –y cumplen- con su misión patriótica, demostrando que la política y el sindicalismo, también, son vocaciones honorables y que –sentencia Perón- los cargos no honran al ciudadano, sino el ciudadano a los cargos.
